Pedro Farré es Director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Parece ser que es licenciado en Derecho. Esto podría explicar, quizás, la brillantez de algunos de sus análisis en el artículo de opinión que publica hoy el diario El País. Algunas joyas del Doctor Farré:
«Debemos tener en cuenta que esta práctica [la copia privada] sería ilegal si no fuera porque, como sucede hoy en día, la autoriza la Ley».
Bravo, un razonamiento jurídico intachable. Voy a intentar yo uno similar: no estoy preso porque me encuentro en libertad. Otro: no soy un nasciturus porque desarrollo mi vida fuera del vientre materno. ¡Caramba, esto del Derecho es más fácil de lo que pensaba!
«Quien está obligado por la Ley de Propiedad Intelectual (artículo 25.4) a asumir esta remuneración no es el consumidor final, sino los fabricantes e importadores de los soportes que se utilizan para realizar estas copias o almacenar contenidos protegidos, que son quienes se benefician de este hábito. Es cierto que este coste puede repercutir en el importe final del producto, pero ¿acaso no se incorporan al precio otros costes como, por ejemplo, las patentes?».
Este argumento es de una ingenuidad tal que me resulta difícil decidir si ubicarlo del lado de la mala fe o del de la inteligencia limitada. «Es cierto que el coste puede repercutir en el importe final del producto«; sí, va a ser cierto que así es, con lo que el gravamen sobre «quienes se benefician de este hábito» se muestra totalmente ineficaz al ser soportado principalmente por el consumidor. Se reconoce un derecho -el de la copia privada- e inmediatamente se factura su ejercicio.
«La remuneración compensatoria por copia privada representa para los creadores una parte esencial de su legítimo salario, que no es otra cosa que los derechos de autor».
Decir que el salario de los artistas es «legítimo» es un truco retórico demasiado evidente. De entrada, tan legítimo es el suyo como el mío, como el de un obrero de la construcción o como la pensión de una jubilada. Empieza a ser menos legítimo, sin embargo, cuando parte de su cantidad proviene de un canon que se aplica indiscriminadamente sobre los soportes para la grabación de datos. Si vuelco las fotos de mi cámara digital a un DVD, habré pagado una cantidad que engrosará el legítimo salario de Alejandro Sanz sin que su fina voz haya acompañado jamás mis momentos más nostálgicos.
«En nuestro país, el canon establecido, de 0,16 céntimos de euro por hora de grabación en el caso de los cd-r data es igual, y en ocasiones incluso más bajo, que el vigente en el resto de los países de la UE. La opción alternativa era la adoptada por Reino Unido e Irlanda, donde la copia privada es ilegal y, por tanto, puede ser perseguida. ¿Es ese el modelo que queremos?».
No, Pedro, lo que queremos es un modelo que permita la recaudación del canon. A toda costa. Porque si el asunto pasara a ser competencia del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía, ¿de dónde iba a salir tu legítimo salario?
[Nota: tal y como nos cuentan los compas de microsiervos, la SGAE le está ganando la partida a la Frikipedia. Todos los detalles del caso aquí. Estaremos pendientes a ver cómo evoluciona el asunto, pero desde luego es una malísima noticia para la libertad de expresión en la red].
